CR admite ante el GAFILAT las brechas de su sistema antilavado
Solo 3 de cada 10 obligados reportan operaciones sospechosas. El GAFILAT ya evalúa al país.
Costa Rica llegó a la evaluación internacional del GAFILAT con brechas ya identificadas por su propio regulador financiero. Un informe publicado por la Sugef antes de la visita técnica documenta fallas de supervisión, baja integración al sistema de reportes y debilidades en los sectores con mayor riesgo de lavado de activos.
Para abogados, contadores, empresas financieras y otros sujetos obligados ante la Sugef, la evaluación no es un asunto técnico abstracto. Una calificación negativa puede traducirse en mayor escrutinio regulatorio, exigencias más estrictas de debida diligencia y presión sobre relaciones de corresponsalía bancaria internacional.
El sistema tiene un problema de base
El informe, elaborado por el consultor español Jorge Santiago Fernández-Ordás Llamas bajo contrato de la Sugef, evaluó siete categorías de sujetos obligados —desde empresas de remesas hasta abogados y contadores— y encontró que las brechas no son sectoriales. Son transversales.
El hallazgo más directo: solo el 29.7% de los sujetos obligados registrados en la Sugef están dados de alta en la plataforma UIF Reportes para enviar reportes de operaciones sospechosas. Más de siete de cada diez obligados registrados no están conectados al sistema de detección. El informe señala que esto no es un problema técnico — es una señal de que los sujetos obligados no se perciben a sí mismos como parte del sistema preventivo.
El sector con mayor riesgo es el de remesas, clasificado como riesgo alto — el único en esa categoría. La vulnerabilidad central: las empresas de remesas tienen dificultad para identificar el origen de los fondos y para aplicar debida diligencia sobre los clientes que envían dinero hacia Costa Rica. El país recibe casi cuatro veces más fondos por este canal de los que envía al exterior, lo que amplifica la exposición.
Lo que el informe revela sobre la regulación
El marco normativo costarricense está alineado con estándares internacionales del GAFI. El problema identificado por el informe es el enforcement: la supervisión depende de controles que no se están ejecutando de forma consistente.
La Sugef ha desarrollado un sistema de supervisión basado en riesgos desde 2021, pero cuando detecta incumplimientos no aplica sanciones en sentido estricto. El mecanismo vigente consiste en planes de acción y, en casos extremos, cancelación de inscripción — cuya efectividad depende de que los bancos comerciales cumplan la obligación de no operar con sujetos no inscritos. El informe concluye que los bancos no están cumpliendo esa obligación de forma consistente.
Lo que viene
El informe incluye ocho recomendaciones concretas, entre ellas la modificación del artículo 15 de la Ley 7786, la implementación de medidas que limiten el uso de efectivo en divisas, y la revisión de los procedimientos de debida diligencia de las empresas de remesas. La nueva composición legislativa — con mayoría oficialista confirmada — es el actor que tendría que tramitar esos cambios.
KLAR CR
El resultado final de la evaluación mutua no se conocerá inmediatamente. Pero el principal riesgo para Costa Rica no parece ser regulatorio — sino de credibilidad operativa. El diagnóstico que enfrentarán los evaluadores internacionales ya fue documentado por el propio sistema financiero costarricense antes del inicio formal de la revisión.
Dato KLAR CR ▸ Solo el 29.7% de los sujetos obligados registrados ante la Sugef están inscritos en la UIF para reportar operaciones sospechosas — según el informe LA/FT/FPADM publicado por la Sugef en abril de 2026.
QUÉ MONITOREAR
Si la Sugef activa el régimen sancionador antes de que concluya
la evaluación mutua del GAFILAT, o si espera los resultados para
actuar. Esa decisión define si el marco preventivo costarricense
es proactivo o reactivo.