Fernández abre pulso con el Poder Judicial antes del paquete de junio
Tres acuerdos operativos en seguridad y anticorrupción. Sin consenso sobre el paquete de reformas que el Gobierno presentará en junio.
Laura Fernández y la cúpula del Poder Judicial cerraron tres acuerdos operativos el 18 de mayo en Casa Presidencial, tras más de dos horas de reunión. La presidenta anunció acuerdo en tres de los cinco puntos de la agenda que llevó al encuentro. Los dos puntos sin acuerdo —el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará en junio y la denuncia presidencial de "persecución política"— son los de mayor peso institucional.
Para empresas con contratos públicos, operaciones reguladas o exposición a litigios, la variable concreta no es quién gana la discusión — es cuánto tiempo permanece abierta la incertidumbre sobre el sistema que resuelve sus disputas.
Lo que se acordó
Uno de los principales acuerdos establece que la Fiscalía informará al Gobierno cuando personas condenadas por delitos de narcotráfico y asesinato reciban rebajas de pena o beneficios penitenciarios. El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, precisó que la vía correcta es entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, no entre el Poder Judicial y la Presidencia directamente. El segundo acuerdo refuerza la política anticorrupción ante posibles infiltraciones del crimen organizado e incluye la discusión sobre pruebas de polígrafo para funcionarios judiciales en puestos superiores. El tercero incorpora al OIJ y a la Fiscalía a las reuniones de coordinación operativa con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.
Lo que no se acordó — y lo que pasó después
La Corte rechazó comprometerse con el paquete de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y una nueva Ley de Ejecución de la Pena que el Gobierno presentará en junio. Fernández intentó comprometer públicamente a Aguirre para respaldar proyectos que el Gobierno todavía no había presentado. Aguirre respondió que cualquier criterio institucional debe resolverse en Corte Plena —22 magistrados— y no en una reunión bilateral. El artículo 167 de la Constitución obliga a la Asamblea a consultar a la Corte sobre reformas que afecten al Poder Judicial; apartarse de ese criterio requiere 38 de 57 votos.
KLAR CR
Fernández anunció que, si las reformas no avanzan en el Congreso, evaluará llevarlas a referéndum. El TSE ya estableció en 2015 que las reformas en materia penal y procesal penal no pueden someterse a referéndum al considerarlas temas de "seguridad" excluidos por la Constitución. La amenaza tiene límites constitucionales que la presidenta no mencionó.
El miércoles 20 de mayo, en su primera conferencia de prensa semanal, Fernández llamó al fiscal general Carlo Díaz "una vergüenza nacional", calificó la reunión del lunes como una "decepción mayúscula" y dijo haber salido "pasmada". El relato del diálogo institucional duró 48 horas.
La brecha presupuestaria
Fernández afirmó que el Gobierno transfiere al Poder Judicial ₡57.800 millones por encima del piso constitucional del 6%: ₡474.991 millones sería el mínimo y ₡532.837 millones el presupuesto asignado para 2026. La magistrada presidenta de la Sala III, Patricia Solano Castro, replicó que la comparación es una “verdad a medias”: solo el 3,1% de ese porcentaje va a judicatura propiamente dicha, porque el Poder Judicial asumió el Ministerio Público, el OIJ, la Defensa Pública y el Programa de Víctimas y Testigos.
Aguirre agregó un dato que el Ejecutivo no mencionó: la OCDE y el CEJA ubican al sistema judicial costarricense como líder regional en eficiencia e integridad. Es el mismo indicador que usan los analistas de riesgo soberano para evaluar independencia judicial.
Dato KLAR CR ▸ ₡57.800 millones es la diferencia que el Ejecutivo alega transferir por encima del piso constitucional al Poder Judicial en 2026 — cifra que la Corte impugna porque incluye el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública.
La señal de KLAR CR: El Poder Judicial salió de la reunión del 18 de mayo convencido de que hace bien su trabajo. La OCDE y el CEJA lo respaldan en eficiencia. El problema es que eficiencia institucional y justicia percibida no son lo mismo — y en Costa Rica esa brecha se ensanchó hasta que el Ejecutivo la convirtió en agenda política. Fernández lo dijo sin filtro el miércoles: el PJ “vive en Narnia”. El reclamo no es técnico. Es que la gente no siente que el sistema funciona para ella. Una institución que no lee esa señal no está bien — está blindada. Y las instituciones blindadas no se reforman solas.